CONFRAS advierte de la situación del agro en El Salvador - CONFRAS de R.L.
La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) denuncia la grave situación de crisis que vive el agro salvadoreño y, en especial, las cooperativas agropecuarias de El Salvador.
En el marco del 42 aniversario de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS denuncia la situación que vive el agro salvadoreño y, en especial, las cooperativas agropecuarias. Con el aumento incontrolable de los insumos para la producción, se estima una disminución en la producción nacional de granos básicos y hortalizas, generando más desempleo, pobreza, hambre y mayor emigración de la población rural, sin considerar el aumento de la canasta básica por la importación extranjera.
En el marco de la pandemia COVID-19 se importaron centenares de miles de toneladas de alimentos que quebraron a los productores de granos básicos y leche. “El incremento de los precios de los insumos agrícolas y de los combustibles, lo que está generando es una baja en la productividad y una reducción de áreas de cultivo. De no solucionarse este problema, habrá una expandida crisis alimentaria”, expreso Alejandra Coches, Directiva de CONFRAS.
Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), en un año la canasta básica urbana ha aumentado $14.19, llegando a costar $213.43; mientras que la rural aumentó $15.45, ya que en enero de 2021 costaba $141.68 y a enero de 2022 cerró con $157.13.
Además, indicaron que el apoyo al agro por parte del gobierno a disminuido, “se eliminaron los programas de Agricultura Familiar, Acuicultura Familiar en Municipios de Pobreza, Desarrollo y Modernización Rural y Atención Comunitaria”, indicó Alejandra Goches. En cuanto al presupuesto 2022 del Ministerio de Agricultura y Ganadería le reducen 4 millones a lo destinado para los paquetes agrícolas, por lo que habrá una disminución de 60 mil paquetes menos para este año.
Por último, denunciaron la inseguridad jurídica que viven miles de campesinos, como los de las cooperativas Normandía y Escuintla, que son amenazas con el desalojo de más de 840 manzanas de terreno por empresarios y oligarcas; por las capturas de lideres comunales en la Hacienda La Labor, ubicada en Ahuachapán, y por la implementación de la “Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales”, vigente desde el 1 de diciembre del 2021 y que amenaza con expropiar tierras que el gobierno considere de “utilidad pública”.